Desarrollo práctico de la contratación pública responsable, David Comet REAS/EsF (4 de mayo de 2021)

Oui, c

'est que je voulais, de nouveau, agradecer à David sa incorporation à ces sessions que répète avec l'Udescope, en ce cas, la 5e édition du cours en Economie Social et Solidarité. Et je voudrais présenter ça brevement avant de donner la parole à lui. David, comme je l'ai dit précédemment, est un grand expert en cette matière, avec ce qui,

sa

expérience pratique est essentielle

en

ces moments, pour profondre et réfléchir sur la utilisation des cléusules sociales et cette collaboration publique-privée de la que nous avons parlé,

au

cours de toutes ces sessions.

Il

est doctorat en Ciencias Juridiques et Politiques par la Université Pablo de Olavide de Sevilla. Il est gradué en Ciencias Politiques et de l'administration, master en Derechos Humanos et Técnico, superior en Salud Ambiental.

Il est

doctorat en Ciencias Juridiques

et de l'administration, social,

politique et de l'administration,

en c'est un développement

sostenible, également, responsabilité social-empresarial et gestion de qualité. Actuellement,

il

travaille comme titulat superior en l'àrée de coopérance et solidarité de la Université de Córdoba.

Et

depuis 2006 à l'année 2019, il est du travail de la coopérance de Comercio Justo Ideas,

que

actualmente es colaborador

y

desarrolla

en

la misma diferentes labores dentro del Departamento de Consultoría.

En

concreto, bueno, cuestiones sobre compra social, las diferentes posibilidades que existen, ética en la contratación pública y participa además en numerosos seminarios, congresos, jornadas. Si buscáis David Comet en YouTube encontraréis enseguida numerosas jornadas y

seminarios

en los que ha participado, entrevistas

que

le van haciendo y además

que

creo que es muy interesante en materia de esta contratación pública de Comercio Justo en particular. Él además ha participado en varias publicaciones sobre la temática de compra responsable,

por

ejemplo, la compra responsable con países en vías de desarrollo, que ha editado Ideas y Nexos,

o

ha colaborado también en la guía de compra sostenible, que ha editado la Asociación Española de Profesionales de Compra, Contratación y Aprovisionamiento, AERCE. Es decir, con carácter general es un gran especialista

en

relación con la utilización de los criterios éticos y sociales en la contratación pública y por eso también ha asistido a diferentes ayuntamientos como el caso del Ayuntamiento de Madrid o la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, a decir, entre otras muchas. Entonces, no quiero extenderme más porque no quiero robarle más tiempo a David, que él es el gran especialista y yo creo que será muy útil toda la información que os va a dar. Ya no solo la utilidad de la propia información, sino que nos sirva de reflexión para afianzar y para conocer mejor todas las posibilidades que nos ofrece la legislación española a la hora de incorporar esas cápsulas sociales.

Sin más, te doy la palabra. Tú sabes que en cualquier momento, si sale alguna duda, pueden levantar la mano, que te hagan la pregunta correspondiente. Si no lo hacen ellos, puede que lo haga yo.

Y

luego dejaremos esos 10 minutos al final de la sesión para que ellos

te

formulen las preguntas que estiven pertinentes. Sin más, te dejo toda la pantalla para ti. David, gracias

por

estar aquí.

Nada, gracias a vosotros, a Yudescov,

por

la invitación de nuevo a esta edición del curso. Y bueno, pues muy contento de poder seguir participando, poder aportar vuestra experiencia, conocimiento que he podido adquirir durante los últimos años. Y nada, pues espero también aportar al conocimiento común de todos los asistentes, pues bueno, qué se puede hacer para implementar una contratación pública responsable, estratégica, como la queramos llamar. Bueno, fundamentalmente entiendo que en el marco de estas jornadas, para favorecer a la economía social y solidaria, pero no solo, ¿no?

Y yo, bueno, pues me voy a centrar un poco en función de la distribución que se han hecho de contenidos, pues en cómo se puede realizar una contratación pública responsable, también desde el punto de vista medioambiental, que voy a dar una pincelada, así como también en aquellos aspectos donde todavía no se ha ahondado mucho sobre, pues por ejemplo, en temas de clausurado social, en inserción sociolaboral, comercio justo,

creo

que también, bueno, favorecimiento del empleo.

He

visto

casi

la totalidad de la sesión de Elena y bueno, me voy a saltar algunas cosas, porque yo creo que ya lo he explicado muy bien, sobre todo lo que tiene que, bueno, pues lo que tiene que ver con la fundamentación jurídica, ¿no?, de toda la contratación pública, que yo creo que lo habéis abordado tanto en esta sesión de hoy como en las sesiones anteriores y bueno,

una

de las, del cláusulo social que me encanta,

pero

que ya habéis abordado creo que es la reserva de contratos en entidades de la economía social, que bueno, confieso que me encanta esa.

No,

de reserva de contratos en realidad tampoco lo hemos visto, se apuntó el otro día por parte de la presidenta de Cosital, pero realmente tampoco le dio mucho tiempo, entonces, puedes aprovechar también y como tú eres un experto también en la materia, lo puedes comentar porque dio unas pinceladas finales, pero no lo pudo centrar, no le dio tiempo prácticamente a centrarlo, con lo cual, perfecto.

Si puedes, si no es un... Claro,

no, no, si me encanta, vamos, si ya me lo has dicho y ya me he puesto nervioso porque voy a recuperar alguna

diapositiva sobre el tema

para ilustrarlo, pero en todo caso, vamos, explicado va a quedar muy claro,

porque

yo creo que es una de las herramientas que

tiene

la ley de contratos para realmente, bueno, pues favorecer de una manera más directa, más con una discriminación positiva hacia este tipo de entidades de la economía social en general, pues contratos públicos, que yo creo que ahí es donde, bueno, también centrándolo en la temática del curso, en la colaboración público-cooperativa, yo creo que es una de las herramientas que deben de explorarse, de aplicarse y sobre todo, bueno, pues de que se pongan en marcha para favorecer a la economía social.

Entonces,

bueno, voy a entrar en ese tema, si os parece, y pues como se ha dicho ya, si hay algún tipo de pregunta, de cuestión, de aportación, de opinión o incluso de rebatir algo de lo que yo estoy diciendo, pues nada, bienvenido sea y nada, pues podéis levantar la mano o directamente pues intervenir

para

que podamos abordar la cuestión en, bueno, el asunto que queráis abordar así de forma más específica.

Yo

entiendo que, bueno, también esta vía de formación, ¿no?, y de, pues es un poco frío, porque si estuviéramos presencialmente, pues bueno, sería distinto, ¿no? Pero bueno, yo parece que estoy hablando aquí solo en el ordenador, pero entiendo que estáis todos ahí detrás, ¿verdad? Así que, que nada, voy a compartir la presentación, espero que no falle. Y nada, ya digo que incluso si soy repetitivo en alguna cuestión, pues igual. Alguien, pues si me centro algo en, o

sea,

me centro en algo que ya habéis visto, pues está, con decirlo es suficiente.

Bueno,

pues como he dicho, me voy a centrar en el clausulado social, ambiental y de comercio justo, que por ahora no se ha tratado, ¿no? Y bueno, vamos a abordar también todo el tema de la reserva de contratos a entidades de la economía social, porque creo que es muy interesante el explorar ese ámbito, aparte de que para las entidades regionales y locales, sobre todo ayuntamientos, pues bueno, es obligatorio hacer reserva, sobre todo a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

Bueno,

pues yo creo que ya ha quedado muy claro en las sesiones anteriores que cuando hablamos de contratación pública estratégica o responsable, el término estratégico se viene acuñando ya desde un tiempo a esta parte para, bueno, para poner en valor que la contratación pública debe ser algo más que un instrumento de aprovisionamiento de servicios, obras y suministros, sino que debe acompañar, debe atender a los objetivos o las metas o las estrategias de carácter social, medioambiental, incluso de innovación, que ponen en marcha o se ponen en marcha desde las entidades del sector público, ¿no?

Así

que, por tanto, pues bueno, para atender a todos esos objetivos, a esas metas,

pues

tiene que integrar o las tiene que integrar de alguna manera para que atiendan a ella y incrementen su impacto, ¿no? En este ámbito, bueno, lo que la contratación pública responsable o para favorecer el desarrollo sostenible se ha centrado, pues como veis ahí, que ya, como digo, ya lo habéis tratado, pues es en el cláusulo social, en las mejoras laborales, también de género,

que

ya lo ha abordado Elena, así como la integración de los criterios ambientales, sobre todo para,

pues

bueno, para acompañar a políticas como las de lucha contra el cambio climático, ¿no? Que vemos que es un problema cada vez mayor, con mayores consecuencias sobre nuestra economía, sobre nuestras condiciones ambientales, incluso sobre nuestra salud,

y

por tanto, bueno, pues tiene que integrar de alguna manera toda esa estrategia para luchar contra el cambio climático o todo lo que tiene que ver con la promoción de formas de desarrollo sostenible, ¿no? Que están en el mercado y que, bueno, pues el sector público a través de su contratación debería de favorecer, ¿no?

Y

otro ámbito, que es el de los derechos humanos, al cual también hace mucho hincapié la ley de contratos, y ahora descubriremos dónde, para, bueno, pues favorecer el respeto a los derechos humanos, en concreto a los derechos laborales, que, pues promulga o ha promulgado a través de diferentes convenios internacionales la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? O convenios fundamentales

la

Organización Internacional del Trabajo, ¿no?

Y

afortunadamente nuestra ley de contratos los menciona, menciona esos convenios fundamentales y, bueno, pues de alguna manera orienta a los órganos de contratación a que integren este respeto a los derechos laborales básicos durante toda la cadena de producción, sobre todo en aquellos bienes que hayan podido ser fabricados, producidos, comercializados externamente a la Unión Europea.

Entonces,

bueno, pues básicamente es eso. Yo me voy a centrar en algunos de ellos

y,

bueno, ya digo que yo creo que al final lo que os voy a intentar trasladar es, pues, cómo en la práctica se pueden incorporar todo ese tipo de criterios. Bueno, pues el aspecto medioambiental, para que conceptualicemos un poco también

a

qué nos venimos refiriendo en lo concreto, ¿no? Pues, bueno, la ley de contratos hace muchísimo hincapié

en

la consideración de clausulado ambiental, bueno, para de alguna manera minimizar todas las externalidades negativas o de impacto sobre el medioambiente que tienen los bienes, servicios y obras que contrata, ¿no? La administración para, de alguna manera, pues como decía al principio, ¿no? Acompañar y atender a todas esas estrategias para favorecer el desarrollo sostenible, ¿no? Sobre todo también marcándolo, pues, en compromisos globales, ¿no? Como puede ser la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible,

que

imagino que, bueno, no sé si se ha hablado de ella o no, pero, bueno, ese es el mayor acuerdo global para, bueno, transitar hacia un modelo de desarrollo distinto al que actualmente tenemos porque,

bueno, ya

desde los años,

desde

la primera cumbre de Río, ¿no? En el 92 ya descubrimos que nuestro modelo de desarrollo no es sostenible a largo plazo y, bueno, pues no tenemos planeta suficiente para mantenerlo durante muchos años. Entonces, bueno, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden, de alguna manera, determinar la agenda política, tanto en el ámbito internacional como, bueno,

pues,

trasladándolo a los ámbitos más regionales o nacionales, para que, pues, la política pública tienda a transitar hacia ese modelo de desarrollo sostenible más que necesario, ¿no?, para poder asegurar, yo diría que la supervivencia, ¿no?, ya no el bienestar ni tan siquiera, sino la supervivencia de las futuras generaciones, ¿no?

Entonces, bueno, pues, en ese aspecto medioambiental, lo que, volviendo a la contratación pública, a lo que la ley se refiere es, bueno, pues a tener en cuenta todas las externalidades que se tiene durante todo el ciclo de vida de un producto, además define lo que es el ciclo de vida en parte de su articulado, que, bueno, pues, fundamentalmente viene a ser todos esos impactos negativos desde la extracción de la materia prima

hasta

que el producto se convierte en un desecho,

porque

esa fase, digamos, casi todos y todas pensamos en que el producto más sostenible es aquel más sostenible durante su fase de uso, digamos, pero no tenemos en cuenta cómo se ha producido, que este en realidad se ha producido tanto antes de que lo usemos como después, porque después también se genera un desecho que o bien, si tenemos un,

si

tenemos una mirada de economía circular, pues puede entrar de nuevo a la economía y ser reciclado, reaprovechado, reutilizado, pero si no puede salir de la economía y convertirse en un desecho que al final, pues, hay que gestionarlo y, bueno, pues, tiene algunas veces, pues, tiene su problemática, ¿no?, cuando se trata de residuos peligrosos.

Así que, bueno, pues, durante todo ese ciclo de vida, pues, la ley de contratos lo que pretende es, pues, apostar por aquellos modelos de producción, de consumo y de gestión de residuos, pues, con menos impacto sobre el medio ambiente y, por tanto, pues, optar por aquellos servicios, obras o suministros que, acreditadamente u objetivamente, nos demuestren que eso es así, ¿no? Y, bueno, a posteriori veremos cómo podemos corroborar que eso es así, ¿no?

Como

decía en la ley de contratos, en su artículo 148, establece que se considera ciclo de vida de un producto.

¿Por

qué lo considera de una forma tan detallada

la

ley? Porque para estimar el valor de un contrato, también ha generado la ley a que hay que tener en cuenta todas, o hay que monetarizar, por decirlo de alguna manera, pues, cuánto cuesta toda esa externalidad negativa que puede tener un contrato de carácter, en el ámbito medioambiental, ¿no?

Y

tenerlo en cuenta para poder, digamos, estimarlo en el valor del propio contrato para que luego, pues, las empresas también puedan tener en cuenta este tipo de costes que puede, con los que se tienen que contar, ¿no?

Por

ejemplo, por hacerlo gráfico y,

por

ejemplo, las compensaciones que muchas empresas tienen que hacer por las emisiones de CO2, para de alguna manera compensar todas esas emisiones por la gestión de un servicio, por ejemplo, pues, podría incorporarse como parte del contrato, ya que es una externalidad negativa que va a producirse por la ejecución de ese servicio y que, por tanto, bueno, pues, se puede incluir en el propio pliego cómo coste y que luego, pues, la empresa acredite que las va a compensar. Pongo un ejemplo muy claro.

Cuando se contrata, por ejemplo, la gestión de un evento a una empresa, a esa empresa se le puede solicitar que cuantifique cuántas son las emisiones que se van a generar por organizar ese evento, que las minimice en la medida de lo posible, por ejemplo, pues, adquiriendo determinados productos o apostando por determinados servicios, por ejemplo, de catering para el evento, pero también que compense las emisiones que se vayan a generar por el transporte o el desplazamiento de asistentes y de ponentes, por ejemplo, ¿no?

Entonces, bueno, pues, se pueden compensar esas emisiones a través de diferentes entidades o iniciativas, ¿no?, como 0CO2 y, bueno, pues, cuantificar efectivamente cuánto va a costar, ¿no?, que

al

menos se queden en

nivel

cero, digamos, las emisiones o se equilibren apostando por algún proyecto tercero, ¿no? Por ejemplo, 0CO2 lo que hace como iniciativa es cuantificar dichas emisiones y luego, pues, a posteriori financia algún proyecto de energía, digamos, con lo que se ha pagado, porque al final se ha monetizado ese impacto, pues, se apuesta por un proyecto de energía renovable, de generación de compost a partir de residuos agrarios.

Yo, como se tiene la oportunidad de conocer un poco la iniciativa y la verdad que, bueno, es una manera, de alguna manera, de compensar esas emisiones y tener, pues, ese equilibrio, ¿no?, o, digamos, dejarlo en cero emisiones en cuanto a lo que se fija, digamos, con esos proyectos, en cuanto a lo que se genera a través del evento, ¿no?

Pues,

como digo, la ley de contratos lo que hace es definir qué es el ciclo de vida de un producto para que, como digo, pues, se tenga en consideración en el valor estimado del contrato y luego, pues, a posteriori se incorporen, pues, las medidas concretas dentro del mismo para que se pueda minimizar el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Y, bueno, pues, incidiendo mucho en temas de cambio climático. Bueno, ahí tenéis el artículo 148 si queréis verlo, ¿no?, si queréis identificar, pues, cuáles son las fases del proceso de la fase de vida, del ciclo de vida de un producto, un servicio.

Y ahí veis, pues, bueno, algunos aspectos, impactos ambientales que, bueno, los he traído aquí simplemente porque cuando hay que realizar algún contrato público, pues, en función de esos hipotéticos impactos debería de atenderse a determinados aspectos que ya sí que tienen relación directa con el contrato.

Digamos

que los impactos de carácter general, pues, tampoco tienen que tener, no se tiene por qué tener en consideración en todos los contratos porque a lo mejor, pues, no se tiene, pues, no sé, un impacto sobre el agua o sobre el aire o sobre la masa forestal del planeta, ¿no?

Pero,

bueno, sí que teniéndolos en cuenta, es decir, de forma general, pues,

sabiendo

que puede haber una serie de impactos, pues, observar o mirar el contrato desde una perspectiva en la cual nos diga qué aspectos vamos a tener que considerar para, bueno, pues, minimizar ese impacto, ¿no? Bueno, pues, eso, pues, observar algunos aspectos que pueden incluirse dentro del contrato y que, bueno, pues, a través de ellos, pues, podemos, digamos, reducir el impacto sobre el medio ambiente, ¿no?

Desde el consumo de recursos que genera o que se genera en un contrato, el consumo energético, es decir, apostar por equipos, por ejemplo, eficientes desde el punto de vista energético, el consumo de agua, cuando hablamos, pues, por ejemplo, imaginaos un servicio de jardinería, pues, se puede atender a qué consumo de agua, a qué sistemas de riego se van a utilizar para reducir el consumo de agua, también la generación de residuos, podemos observar, pues, bueno, pues, un servicio de limpieza, por ejemplo, pues, si se van a separar, es decir, imponer, eso es que ya no lo veo como opción, no lo veo como opción el que se pueda o no separar residuos, en cualquier entidad del sector público debe haber separación de residuos, ya es un mandato de la Unión Europea y del planeta, o

sea,

si nos ponemos así, no se puede desechar los residuos así porque sí, y más hablando de, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente, ¿no?, de una filosofía de economía circular, ¿no?, de dar más vida a esos recursos naturales para poder, de alguna manera,

pues,

minimizar el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues, un servicio de limpieza, obligar a la empresa contratista a que se pare los residuos, también, pues, lo que hablé anteriormente, ¿no?, pues, la generación directa de emisiones de efecto invernadero, ¿no?, pues, cuando hablamos, por ejemplo, del contrato, pues, de un suministro de vehículos, pues, apostar por aquellos eléctricos que no tienen emisión de gases de efecto invernadero, o

sea,

al menos, bueno, que tienen otros impactos que no son la generación, digamos, de malos humos en las ciudades, pero, bueno, al menos reducen, digamos, ese riesgo para la salud de la generación de, bueno, digamos,

de

generación de determinados gases que puedan tener un impacto negativo sobre nuestra salud, ¿no?, y sobre el medio ambiente,

por supuesto. Y

la generación de residuos y su posterior gestión, por ejemplo, cuando nos referimos a gestión de residuos peligrosos, ¿no?

Y

ahí, bueno, pues, también podríamos incorporar otros aspectos que tienen que ver, pues, con la apuesta, como decía anteriormente, de sectores de desarrollo sostenible,

¿no?, que

tienen que ver, pues, con agricultura ecológica, apuesta por las energías renovables y otro tipo de, bueno, gestión forestal sostenible,

es

decir, hay una serie de sectores considerados como economía verde o economía sostenible que, de alguna manera, se deberían de favorecer a través de la incorporación de cláusula medioambiental, ¿no? Bueno, aquí he traído, como algunas propuestas de integración de esta perspectiva en algunos contratos que ya, también, bueno, decir, ¿no?, los criterios ambientales, como van referidos en concreto al bien, al servicio o a la obra, son muy diversos, porque no es lo mismo contratar, no sé, una mesa o un mobiliario que, pues, un servicio de jardinería o contratar, pues, la construcción de un edificio, ¿no?

Son criterios ambientales, son impactos medioambientales distintos y, por tanto, hay una gran panoplia de criterios ambientales que se podrían considerar en cada caso. No ocurre tanto así con los criterios sociales, que son referidos a personas y que, pues, al final las personas que van a ejecutar una obra o un servicio de limpieza, al final, digamos que las condiciones laborales, pues, pueden variar, pero al final no nos vamos a referir a sus condiciones laborales, nos vamos a referir a personas en riesgo de exclusión.

Es decir, son, digamos, criterios más generales, los criterios sociales, que son más aplicables a distintos tipos de contratos, pero los criterios ambientales son prácticamente o casi inexclusivas para cada contrato, ¿no? Entonces, pues, pues, nada, que ahí, pues, sí que puede obstaculizar, digamos, el desarrollo de la contratación pública o de un proceso de contratación al órgano

de

contratación que lo lleve a cabo.

Porque

ya digo que, bueno, pues, hay que tener, hay que ser casi especialista en muchas ocasiones para definir un poco, pues, cuáles son esos criterios,

¿no?

Pero, bueno, afortunadamente también las entidades del sector público normalmente, pues, cuentan con departamentos de medio ambiente o departamentos que favorecen la sostenibilidad o la responsabilidad social y, bueno, pues, ahí, digamos, pues, tiene un gran potencial para considerar todo este tipo de criterios.

Bueno,

y como decía, pues, aquí tenéis algunas propuestas, ¿no? Yo creo que luego voy a hacer mención a una práctica sobre contrato del suministro eléctrico con energía 100% renovable, pero, bueno, más allá de eso, pues, se podría apostar, pues, por ejemplo, por producción ecológica, por productos de producción ecológica, por productos que no dañen ni la salud ni el medio ambiente, por ejemplo, productos de limpieza, si nos referimos a un servicio de limpieza, si a un servicio de jardinería, pues, al uso de o al no uso de determinados fertilizantes, sino, pues, por ejemplo, apostar por fertilizante como compost orgánico o compost que proceda de,

por

ejemplo, de la gestión de residuos orgánicos de una ciudad. Bueno, podemos, de alguna manera, apostar por alternativas más sostenibles, ¿no? Y sobre todo, pues, apostando, pues, por ese desarrollo sostenible, por esa economía circular y mirar los contratos desde otra perspectiva, ¿no? Y luego, pues, justamente, ¿no? Pues, todas las políticas de lucha contra el cambio climático.

Al

igual que lo con los criterios sociales, en muchas ocasiones yo creo que a los órganos de contratación les falta conocer las políticas medioambientales que se ponen en marcha, y sociales también,

¿no?

Pero medioambientales,

porque

ahí se puede extraer un gran número de referencias, de lógicas, de criterios que se podrían considerar en los contratos, sobre todo, ya digo, pues, con programas, con planes, con políticas que se están desarrollando y que, bueno, pues, los órganos de contratación hasta ahora, afortunadamente, cada vez más,

pero

hasta ahora no los habían tenido en consideración. Y había ahí un trabajo ingente de conocimiento

que,

bueno, pues, por, bueno, pues, esa falta de interacción, ¿no?, entre los órganos de contratación, normalmente, en algunas entidades, pues, muy centralizados, ¿no?, y mucho más centrados en garantizar la pulcritud de los procesos de contratación, que, bueno, pues, evidentemente también hay que hacerlo así, junto con otros departamentos o delegaciones medioambientales de cooperación internacional o sociales, que también están ahí y tienen un vasto conocimiento sobre cómo mejorar los contratos desde el punto social, desde el punto de vista social y medioambiental.

Y, bueno, afortunadamente, como digo, se ha hecho una enmienda a la totalidad de la contratación en muchos casos y así que se cuenta con ellos para mejorar la calidad de los contratos desde este punto de vista, ¿no?

Bueno,

todo eso tiene que ver con los criterios medioambientales, los criterios sociales, algunos de ellos, ya habéis hablado aquí,

y,

bueno, deciros también con lo anterior, ¿no?, que la ley de contratos, pues, hace especial hincapié

en

la necesidad de considerar criterios sociales. Es decir, en que la contratación se convierta en un instrumento más que tiene el sector público para favorecer la política social

y,

además, también la política para la promoción, por ejemplo, de la economía social, que es que lo dice el apartado 3 del artículo 1 de la ley de contrato, que es donde se habla del objeto de la ley en sí mismo, habla de favorecer a la economía social. O

sea,

aprovechemos

que

la ley lo dice, lo menciona, para, bueno, pues, que los contratos al final atiendan a ese objetivo y se, digamos, se pongan en marcha todos esos instrumentos en los que se está hablando en el curso para apoyar un modelo empresarial que, pues, mucho, que atiende mucho más a los fines que, como sociedad, pues, tenemos, ¿no?, para favorecer el bienestar social, la sostenibilidad, la igualdad de género,

pues,

hay un tipo de empresas, un sector,

pues,

que cumple y que, además, atiende a todos esos objetivos y ya no atiende solamente a la generación de beneficios, sino a otro tipo de fines, ¿no?, que eso, yo creo que es lo que mejor define a las entidades de la economía social, que no solo tienen ánimo de lucro, sino que tienen otros ánimos que también son o deben estar presentes en la economía. Entonces, ¿por qué no apostar por esas entidades, no? Entonces, bueno,

por

una parte, todo lo que hemos dicho aquí, me voy a centrar en qué se considera colectivo vulnerable

para

saber, bueno, pues, qué referencias podía tener una entidad pública

para,

bueno, pues, favorecer el empleo de este tipo de colectivos, ¿no?

Digamos,

siempre es necesario tener alguna referencia legal para poder definir qué se considera una persona en exclusión o en riesgo de exclusión social, sobre todo para que, bueno, pues, al final no ocurra que defina tanto el,

digamos,

el perfil de persona que quiero contratar que al final, pues, acabe, la empresa acabe contratando a algún amigo, ¿no?

Entonces,

para evitar que se pueda, toda esa suspicacia, ¿no?, que pueda de alguna manera, pues, favorecer a determinados colectivos que realmente, pues, no están en riesgo de exclusión social o, bueno, no dependa, digamos, del capricho del órgano de contratación. Al igual que también con los criterios medioambientales, ¿no?, que se hace referencia a estándares reconocidos por, a través de etiquetas y estandarizaciones varias, pues, igual con el tema de los criterios sociales. Es decir, hay que definir muy bien qué colectivo se quiere favorecer

y

que, de alguna manera, también sean objetivables. Es decir, que puedan demostrar que una persona que ha sido contratada para ejecutar un contrato público, pues, pertenezca a ese perfil.

Porque

también podemos estar intentando favorecer a determinados perfiles que no haya manera de objetivamente

o

documentalmente acreditar que

pertenecen

a ese colectivo,

¿no?

Y lo vais a entender, lo vais a entender, voy a dar un ejemplo, no voy a decir el ayuntamiento que lo hizo, pero voy a dar un ejemplo de, bueno, pues, criterio social que no se podría considerar para, digamos, favorecer a determinado colectivo social, ¿no? Hay un ayuntamiento que incluyo, como criterio de adjudicación, que entiendo que ya sí que sabéis lo que es, de valoración de las ofertas, que se contratara a diferentes perfiles, ¿no? De personas en riesgo de exclusión social o en exclusión, ¿no?

Y

incorporó un colectivo que era, que perteneciera a alguna etnia minoritaria.

No

se puede acreditar que una persona pertenezca a una etnia minoritaria, de hecho, tampoco la pertenencia a una etnia minoritaria, digamos, le vincula directamente con una situación de riesgo de

de

exclusión social, porque se estaría generalizando en relación a esa etnia en concreto. Entonces, eso no era un criterio ni objetivo ni que se pudiera demostrar documentalmente, porque no hay un registro, no sé, de etnias minoritarias. Ni, como digo, eso no tiene una relación directa con la situación de esa persona, es decir, con la situación en relación a su situación laboral, ¿no?

Entonces,

bueno, pues, de forma general no se, no se podría definir eso, ¿no? Entonces, pues, para evitar eso, como digo, pues, se pueda, tenemos algunas referencias para, digamos, reconocer que son personas en riesgo de exclusión social o en exclusión, que, por ejemplo, pues, nos podemos ir al Real Decreto 3-2015 de la ley, que es el texto de refundido de la ley de empleo, en el que en su artículo 30 define algunos de los colectivos prioritarios para, bueno, pues, poner en marcha programas y planes de empleo, ¿no? Pues, de quienes nos habla este Real Decreto

de

ley de empleo, pues, de jóvenes, o sea, en particular aquellos con déficit de formación,

es

decir, pues, que a lo mejor, pues, tengan un certificado de escolaridad, pero no tengan el graduado escolar o no tengan otro tipo de, digamos, de formaciones

que

les permitan tener más oportunidades en el mercado de trabajo. También habla de mujeres directamente,

desempleados

de larga duración, especialmente aquellos mayores de 45 años o con responsabilidades familiares. Personas con, digamos, desempleados de larga duración son aquellos que llevan desempleados más de dos años,

pues,

como sabéis, también en España, pues,

a

partir de los dos años es el, digamos, el plazo máximo de prestación por desempleo, entonces, pues, a partir de ahí, pues, pues, el preceptor de renta mínima o de otro tipo de ayudas, pero no por la ayuda a personas desempleadas, ¿no? Por el subsidio de desempleo. Entonces, bueno, pues, por eso, digamos, la ley hace especial hincapié en ese colectivo, ¿no? Personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad física o intelectual, o en situación de exclusión social de carácter general, ¿no? También inmigrantes con respecto a la legislación de extranjería

u

otros que se puedan determinar en el marco del sistema nacional de empleo.

También

hay otros colectivos, digamos, que podríamos incluir dentro de situaciones de exclusión social y aquí, pues, podemos, digamos, hacer referencia al artículo 2 de la ley 44-2007 del régimen de las empresas de inserción,

que

ahí, pues,

podemos,

pues, están los preceptores de renta mínima, las personas que no pueden ser preceptoras

de

las rentas mínimas, ¿no? De, pues, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, jóvenes procedentes de instituciones en protección de menores, personas de robos dependientes o con trastornos adictivos, personas internas presidiarias o expresidiarias y menores de instituciones penitenciarias, ¿no? U otros colectivos que también marcan la ley. Es decir, cuando queremos incorporar a personas en riesgo de exclusión social o en exclusión social en los contratos públicos, podemos, digamos, tener de referencia estas leyes que definen, pues, cuáles son esos colectivos, ¿no?

Y de alguna manera los hacen objetivables, es decir, porque cualquier persona que pudiera pertencer a cualquiera de estos colectivos documentalmente podría acreditar que es así.

Y de alguna manera, pues, que eso también, digamos, acredite ante el sector público, ante el órgano de contratación, que efectivamente el objetivo que se quiere conseguir se consigue porque para un contrato concreto se ha contratado ad hoc a estas personas o bien ya no solamente contratarlas directamente, sino a lo mejor, pues, determinar que para sustituciones o para vacaciones del personal que esté adscrito a esa, pues, se puede apostar por este tipo de personas, fundamentalmente para darles una oportunidad de trabajo.

Y se puede definir, es decir, en vez de hacerlo de forma general, como si imaginaros que como criterio de adjudicación pudierais poner, pues, que se contrate a personas en riesgo de exclusión social.

De

una forma general, pues, el citador, pues, no va a entender a qué persona se refiere. Entonces, ahí, pues, la interpretación del criterio puede ser bastante vaga y no quedar clara luego a la hora de poner en marcha la ejecución del contrato. Y eso, pues, distorsiona un poco el objetivo en sí. Entonces, pues, lo más recomendable es que se defina. Estas son dos referencias. Hay otras leyes también que hablan de estos colectivos,

¿no?

Pero son dos leyes que se pueden utilizar de referencia para definir a qué colectivo se pretende beneficiar con un contrato público. Entonces, se puede definir, pues, ya sea como condición especial de ejecución o bien como criterio de adjudicación, pues, bueno, incluir, como digo, al colectivo en concreto, ¿no?

Bueno, los

impactos sociales a los que se pretende atender, pues, es la inequidad de género, que ya lo habéis hablado en la sesión anterior, ¿no? La alta precariedad laboral, las situaciones de exclusión y vulnerabilidad social, las altas tasas de desempleo, sobre todo en determinados colectivos sociales, como el de jóvenes, por ejemplo,

la

falta de empleo para personas con diversidad funcional o algún tipo de discapacidad, y el cierre de negocios de pequeñas y medianas empresas por falta de mercado. Aquí también, no sé si se ha dicho hasta ahora, pero hay una distorsión también en el mercado público, vamos a llamarlo así, ¿no? Que la mayor parte de los contratos públicos están en manos de grandes empresas. Cuando las grandes empresas, tanto en volumen económico como en número de empresas, son, no son la mayoría de la economía. La mayoría de la economía, incluso en términos de empleo, está en manos de la pequeña y mediana empresa.

Es decir, el 70%, si no me equivoco, del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas y ocupan el 60% de la economía, mientras que las grandes empresas ocupan el 40% de la economía y generan el 30% del empleo. Y en los contratos públicos se produce

a

la inversa. Es decir, más del 60% de los contratos públicos están en manos de las grandes empresas, mientras que el 40% restante está en la pequeña y mediana empresa, cuando digamos que la economía ocurre

al

contrario. Entonces, digamos que esa distorsión, ya desde la directiva de 2014, la directiva europea de contratos públicos, pues ya se intentó buscar fórmulas como el loteado de contratos para favorecer al menos la participación de empresas, de pequeña y mediana empresa en los contratos públicos. Y que, bueno, pues se viene aplicando de una manera bastante genérica, porque entre otras cosas es obligatorio lotear, lotear sobre todo grandes contratos, ¿no? Los de regulación armonizada y tal. Porque, bueno, si no se hace, pues se tiene que justificar el por qué no se hace cuando la

perspectiva

desde la que se hacía con leyes anteriores era la contraria, ¿no?

Que

cuanto más se pudiera concentrar un contrato, pues mejor, ¿no? Y pues llegaron a crear una barbaridad de contratos, como eran los contratos integrales, por ejemplo, que hacía el Ayuntamiento de Madrid, que, bueno, pues podía licitar cuatro o cinco empresas, porque te llevaba, o

sea,

estaba integrado en el mismo contrato, el servicio de mantenimiento de la ciudad, el de limpieza, es decir, que una pequeña y mediana empresa, pues evidentemente no iba a poder optar a gestionar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente ya se hace desde otra perspectiva para favorecer

la

participación de la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Y sobre todo también la empresa de la economía social. Aquí tienen algunos aspectos que se pudieran considerar, ¿no? Pues el cumplimiento de convenios sectoriales que habla la ley, la aplicación de planes y medidas para la igualdad, que ya se ha hablado, así que no lo vamos a hablar, la contratación de personas, de colectivos vulnerables, el loteado de contratos, que ya lo he dicho, que es dividir los contratos, digamos, en lotes para adjudicarlos a diferentes empresas.

Eso no es de la división ilegal de contratos para, digamos, concadenar con una misma empresa contratos menores para no hacer que se concurra o abrir un concurso abierto para que concurran otras empresas. Eso no se refiere a la ley a eso, sino se refiere al loteo que es la división de un mismo contrato que, bueno, se licita a

la vez

a través de lotes y, bueno, pues ahí se puede limitar la adjudicación de un número máximo de lotes a

a

una misma empresa y así,

pues,

de alguna manera, también dar cabida a otro tipo de empresas para que gestionen ese servicio, esa obra

o

suministro. Y, bueno, pues esa es la media estrella que tiene la ley para favorecer la participación de la media, la pequeña y media de

la

empresa. Y luego al apoyo a las empresas de la economía social solidaria, que, bueno, voy a hablar de reserva de contratos

ahora

posterior y para que quede claro. Y yo creo que, como digo, es una oportunidad de oro para, bueno, integrar, digamos, o favorecer desde la contratación pública a ese tipo de empresas.

Y

ya por último, el cumplimiento, bueno, los aspectos éticos, fundamentalmente los de comercio justo, que como decía al principio, no es más que, digamos, exigir a las empresas que durante la cadena de producción o comercial del producto del bien o servicio que estemos contratando, fundamentalmente del bien, porque se refiere, digamos, a la fase de fabricación o producción, pues se respeten los convenios fundamentales de la organización internacional del trabajo, ¿vale?

Y

se habla de comercio justo. Digamos, los principios de comercio justo, no sé si conocen qué es comercio justo, bueno, a lo mejor les suena...

He

oído de vez en cuando un pitido, no sé si es que alguien quiere hablar o... No,

yo

creo que es que entran o salen porque a veces la conexión va un poco rara y entonces, sí.

Vale, vale, no digo porque a ver si me estoy saltando.

Yo

estoy pendiente de las manos, estoy pendiente de las manos, sí, sí.

Vale, genial. Pues nada, pues sigo. Los principios de comercio justo que tienen que ver con los convenios de la OIT, porque se respetan dentro de los canales de comercio justo, pero digamos que entre el mínimo de respetar convenios de la OIT

y

el máximo que pueden ser redes de comercio justo, pues bueno, digamos que el comercio justo integra otro tipo de criterios que favorecen fundamentalmente a los grupos de productores y agricultores de otros países, ¿no? Y ahí, pues bueno, no solamente es el respeto a los convenios de la OIT, sino también es la igualdad de género, es el pago de un precio mínimo al productor por lo que produce, es producción sostenible, es lucha contra la explotación infantil,

que

es una lacra que todavía pervive, ¿no? Sobre todo en la fabricación de determinados productos y la producción de determinadas materias primas, ¿no? Como café, como cacao, que lamentablemente pues todavía hay niños trabajando en esas explotaciones.

Y

bueno, pues digamos el comercio justo es una forma de dignificar el trabajo de los productores y de apostar por un modelo de desarrollo sostenible también para el comercio de estos bienes o de estos productos, ¿no?

Así

que bueno, la ley menciona el comercio justo en concreto

y

además, bueno, ahora lo vamos a ver, aunque voy a pasar muy rápido por la ley, pero vamos a ver que menciona dos de los principios del comercio justo como posibles condiciones especiales de ejecución del contrato. Fundamentalmente el pago de un precio mínimo y el pago de una prima o un premio a los productores para que favorezca el desarrollo comunitario,

que

es uno de los criterios de comercio justo. Y también habla de la trazabilidad, de los canales de comercialización.

Y

ahí pues el comercio justo es otra de sus banderas, ¿no? Que es la transparencia y conocer dónde se ha producido, qué grupo de productor lo ha hecho para, digamos, incrementar la confianza del consumidor.

¿No? Pues

bueno, eso es comercio justo. Luego hablaré un poco de etiquetas y tal y ya veréis alguna de comercio justo. Bueno, por aquí voy a pasar directamente porque no haya ninguna excusa política para decir que no se apuesta por la contratación pública sostenible porque está incluida prácticamente en todos los compromisos internacionales, en varios compromisos de la Unión Europea, incluso ya tenemos referentes estatales, nacionales, de compra pública ecológica, de compra pública socialmente responsable. Hay dos planes aprobados en 2019.

El

plan estatal de compra ecológica, que bueno, os animo a que lo conozcáis porque también da algunas referencias de cómo tiene que contratar la Administración General del Estado determinados bienes, determinados servicios y obras. Y también el plan de impulso de la contratación socialmente responsable, que nuevamente, pues bueno, afecta a la Administración General del Estado y lo que se pretende de alguna manera es, pues, que se incorpore todo el potencial que tiene la ley de contratos para favorecer, pues, un mejor desarrollo social, ¿no?

Y

sobre todo, pues, apostar por la economía social y la inserción sociolaboral de determinados colectivos, ¿no? Voy a pasar muy rápido para irme ya a las prácticas porque, bueno, pues, igual que la sesión anterior, nos estamos quedando sin tiempo.

Pero,

bueno, simplemente por recalcar lo que he dicho hasta aquí, ¿vale? Para que se tenga claro un poco, pues, las fases del proceso de contratación que también Elena ha hecho mención a ella, ¿no? Pero, bueno, por rescatarlo un poco, ¿no? Digamos que la contratación pública responsable de considerarse, digamos, como praxis de la de la contratación pública,

pues,

debe de atenderse a ella, pues, desde el objeto del contrato,

es

decir, de definir qué queremos, desde la, definir qué es lo que queremos, las prescripciones técnicas, la solvencia, que es el, digamos, que es la definición un poco, pues, de qué empresa me puede prestar ese servicio, esa obra o ese suministro. Luego, la adjudicación, que es la valoración de las ofertas, hasta la ejecución del contrato,

que

es ya, pues, la materialización, digamos, de este pliego o ese proceso de contratación, ¿no? Durante todas las fases del proceso de contratación, se debería tener una perspectiva social y medioambiental para favorecer una contratación pública estratégica

o

responsable.

Y, como

también lo ha dicho Elena anteriormente, la ley hace mucha mención a que todos los criterios sociales o medioambientales que se introduzcan, tienen que estar en relación con el objeto del contrato.

Pues

bien, pues, si tienen que estar en relación con el objeto del contrato, cambiemos el enfoque del objeto del contrato. Es necesario,

ya

lo vengo diciendo, es decir, es que yo ya no concibo que ninguna administración pública ni ninguna entidad del sector público no haga contratación pública responsable.

Es

que le mandata no solamente el marco político que tenemos en este momento, mencionando, por ejemplo, haciendo referencia a

la

Agenda 2030, ¿no? Sino el marco legal. Es que solamente con leerse el artículo 1 es suficiente.

De

la ley es suficiente para entender que todo proceso de contratación, de forma transversal y preceptiva, debe de incorporar criterios sociales y medioambientales. Y, por tanto, el objeto del contrato es la mejor herramienta o una de las herramientas para hacerlo, porque ya no es lo mismo contratar un papel, es decir, un suministro de papel, que un suministro de papel reciclado. No es el mismo producto, uno es sostenible y el otro no. Y incorporando el criterio, digamos, ambiental, en este caso,

en

el objeto del contrato ya estamos definiendo el proceso de contratación. Ya el definir que es un papel reciclado lo vamos a tener que hacer en prescripciones técnicas,

la empresa

va a tener que tener solvencia, en los criterios de adjudicación podemos mejorar, pues, por ejemplo, el porcentaje de fibra reciclada que tiene ese papel. Es decir, si el objeto del contrato incluye, define ya que la sostenibilidad es un criterio esencial de ese contrato, se tiene que definir en el resto de procesos de contratación y, por tanto, vamos a contratar algo sostenible. Ya no hay otro. Mientras que a lo mejor si contratamos un suministro de papel, pues, bueno, podemos valorar algún criterio, lo podemos hacer de otra forma, ¿no?

Pero si ya en el objeto del contrato se incluye la palabra sostenibilidad o se incluye el criterio tal, ya vamos a hacer un contrato sostenible y ya, pues, nos vamos a tener que poner las pilas

para

poder hacerlo, ¿no? O incluso si vamos a hacer un contrato reservado, pues, también un reservado a determinadas entidades, empresas de economía social, pues, también se puede poner en el objeto del contrato. Se puede definir que ese contrato para el, no sé, el servicio de limpieza

está

reservado en tirades de centros especiales de empleo y empresas de inserción

y

está reservado para favorecer la inserción sociolaboral de determinados colectivos.

Y

ya, o sea, que es que ya tenemos un contrato sostenible y ya, pues, a partir de ahí tenemos que desarrollarlo.

Y

luego, importantísimo, que también Elena ha hecho hincapié en ello, es en la planificación y la evaluación, sobre todo en

la

evaluación de los contratos. Incluso previa, no como un proceso final, sino previo. Es decir, cuando hablaba Elena de la evaluación,

de

cuál puede ser la perspectiva de género o el impacto en términos de género que puede tener un contrato, pues, ahí ya vamos a sacar información para mejorar el contrato, ya no solamente desde una, con una perspectiva de género, sino desde una perspectiva medioambiental, desde una perspectiva social, incluso

a

mayores, pues, también, pues, es una perspectiva de innovación, ¿no? De aposar por la innovación, ¿por qué no? Aunque no es el objeto de la sesión. Pero también hace mucho hincapié en la ley en ese ámbito, ¿no?

Entonces,

voy a pasar de puntillas, ¿vale? Porque ya habéis hablado de todo esto. O el objeto del contrato importantísimo, si queremos que incluir criterios sociales y medioambientales, es importantísimo, desde mi humilde opinión, que se incluyan ahí. Sobre todo para garantizar la máxima seguridad jurídica. Es decir, aquellas personas, pues, que, pues, quieren garantizarse la máxima seguridad jurídica de un pliego y que no pueda ser impugnado y que no pueda ser recurrido,

pues,

bueno, pues ya está. Si yo quiero contratar un papel reciclado, no hay tutía. Es decir, es papel reciclado lo que quiero contratar. Y, por tanto, ya no cabe, no hay dudas, no hay mala interpretación por parte del licitador. Es decir, ya estoy diciendo lo que quiero. No quiero cualquier tipo de papel y, por tanto, no va, no se debería de incurrir a error, ¿no? Aunque, como digo, eso hay que definirlo en el resto de fases del proceso de contratación.

Bueno,

las consultas preliminares del mercado, yo también creo que habéis hablado de ellas. Bueno, como cláusula social, así, a nivel general, los convenios colectivos sectoriales se pueden exigir los contratos para que el personal que esté adscrito al contrato, pues, digamos, se cumplan los requisitos que incorpora el convenio colectivo del ramo, que sea, y se puede definir el pliego de cláusulas a las autoridades particulares, ¿no? Y, de hecho, me consta, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ya lo ha hecho para su servicio de jardinería, ¿no?

Bueno,

los criterios de valoración, adjudicación, ahí tenéis muchísimos criterios que podéis considerar y ya creo que también Elena ha hecho como una mención algunos de ellos, tanto criterios sociales como medioambientales. Es decir, el artículo 145 es una amalgama de supuestos,

de

criterios sociales y medioambientales que se pueden considerar más sociales que medioambientales, pero, bueno, eso abre la puerta a que como criterios de valoración o adjudicación,

pues,

se puedan considerar bastantes criterios, ¿no? Aquí tenéis, pues,

un

desarrollo de algunos de ellos, ¿no? Que, como digo, pues, es extenso, ¿no?

Bueno,

me paro aquí un momento para, aunque nos quedamos sin tiempo, pero el tema del uso de las etiquetas. Esto es determinante para muchos criterios medioambientales. Es decir, no da lugar a que nos inventemos los criterios medioambientales que son los mejores para, digamos, acreditar que el menor impacto medioambiental. Es decir, normalmente hay que basarse en estándares reconocidos, acreditados por un tercero, importantísimo, según el artículo 127 y 126 también. por terceros que,

de

alguna manera, nos acrediten que, efectivamente, ese producto, ese bien, ese servicio, pues, tiene un rendimiento medioambiental, un beneficio social.

Entonces,

ahí, pues, como digo, la ley hace mucho hincapié en el uso de etiquetas, es decir, en el uso de mención a determinadas etiquetas para, digamos, dar la máxima transparencia e información al licitador

para

que entienda a

qué

nos estamos refiriendo. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del papel reciclado, pues, yo puedo utilizar una estandarización como la CISTE nórdico, en la cual, pues, la que se refiere al papel reciclado, pues, viene una serie de estándares que tiene que cumplir el papel. Pues, bueno, pues, esos son los estándares que yo quiero que cumpla el papel que quiero adquirir,

¿no?

Que pueden ser acreditados a través de la presentación de esa certificación u otra equivalente, ¿vale? Y el u equivalente o equivalente es muy importante dentro de la redacción de los pliegos porque, de alguna manera, evita cualquier discriminación que pudiera producirse a etiquetas que acrediten ese criterio, pero que no se mencionen en el pliego. Entonces, bueno, pues, abrir ese u equivalente, pues, es lo mejor para seguir asegurando esa seguridad jurídica del propio pliego, ¿no? Ahí tienen, bueno, una de las problemáticas que tienen las etiquetas es esta,

¿no?

Pues, que hay muchísimas etiquetas, muchísimos estándares. Algunos son, solamente se refieren a un tipo de producto, un tipo de materia prima. Véase, por ejemplo, la que ven ahí, ¿no? FSC, que es de gestión de la madera,

¿no?

De la gestión de los bosques y, por tanto, bueno, pues, la van a tener solamente productos que provengan de la madera, como papel, como mobiliario y demás, pero hay otras, como la cisne nórdico o la ángel azul,

que

se refieren a distintos productos, por tanto, o la etiqueta ecológica europea, que no sé si es la florecilla esta con las estrellas, ¿no? De la Unión Europea, que, bueno, pues, podéis reconocer como Ecolabel en algunos productos, por ejemplo, de limpieza. Hay mogollos productos de limpieza que viene la etiqueta ecológica europea,

¿no?

Bueno, pues, esas etiquetas son en multiproducto, digamos, y acreditan la sostenibilidad de diferentes productos,

¿no?

Y, por tanto, han desarrollado diferentes estandarizaciones para diferentes productos. Entonces, pues, nos la podemos encontrar en distintos productos, como digo, ¿no? No como la FSC, que es todo lo procedente de la madera,

o

la Fertreino, que es la de comercio justo, que solamente va a estar en los productos de comercio justo, que sí es verdad que, bueno, pues, hay café, cacao, té, hay muchos, pero, bueno, va a estar solamente en ese tipo de productos.

Entonces,

bueno, pues, digamos,

hay

una herramienta que yo la he traído aquí, pues, si queréis consultarla, que es ecolabelindex.com, a través de la cual, pues,

podéis,

está en inglés, metiendo el criterio o el producto que queramos conocer, pues, criterios ambientales o sociales

en

relación a etiquetas y estandarizaciones, pues, ahí, pues, tenéis mucha referencia, ¿no?

Bueno,

me voy a saltar las condiciones especiales de ejecución, que, al igual que los criterios de adjudicación, pues, igual el artículo 202 indica, pues, muchísimos de los criterios que se pueden incorporar, ¿no? Sobre todo, bueno, pues, los que tienen que ver con la inserción de personas de entretención social en los contratos públicos, pues, igualmente, ¿no? Habla de combatir el paro, en particular del juvenil, apostar por la contratación de mujeres, etcétera.

Y

muy importante este artículo 202 porque obliga a que todos los contratos incorporen, al menos, un criterio social medioambiental. Por tanto, la contratación pública es sostenible, responsable, estratégica, ya no es solamente una posibilidad, sino que es una obligación. Me paro aquí, voy a dedicarle cinco minutos y ya pasamos a los casos prácticos, que es la reserva de contratos, los contratos reservados.

La

disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público obliga, obliga, lo digo de nuevo, a que todas las entidades, sobre todo las comunidades autónomas y las entidades, bueno, el gobierno estatal, digamos, la Administración General del Estado, por supuesto, pero obliga a las comunidades autónomas y a las entidades locales

a

que acuerden un porcentaje mínimo de contratos reservados con derecho de participación exclusiva a entidades, a empresas sin inserción y centros especiales de empleo de iniciativas sociales.

Es

decir, este acuerdo es obligatorio y, por tanto, todas las entidades del sector público, desde marzo de 2018,

que

es cuando entra en vigor esta ley, deberían de haber, digamos, deben de tener ese acuerdo, aunque desafortunadamente no es así en lo general, aunque sí es verdad que hay muchísimas experiencias ya de contratos reservados a ese tipo de entidades, pero no existe ese acuerdo. Entonces, bueno, pues se tiene que hacer, es una reserva general para cualquier tipo de contrato, es decir, no solamente para determinados contratos, sino cualquier contrato que haga el sector público, cualquier entidad local, comunidad autónoma, se puede reservar a ese tipo de entidades.

¿Qué

es un centro especial de empleo de iniciativa social? Bueno,

pues

aquel centro, bueno, está regulado por ley, igual que las empresas de inserción,

y

es una empresa,

digamos,

que más de un 70% de su plantilla son personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad intelectual o física. Mientras que la, y bueno, la iniciativa social son aquellos, además, que, digamos, su capital o la propiedad mayoritaria de la empresa, pues es una entidad sin ánimo de lucro.

Y

las empresas de inserción, que, bueno, a diferencia de los centros especiales de empleo, son empresas dedicadas a la inserción sociolaboral de colectivos que van más allá de las personas discapacitadas, ¿no? Que, bueno, pues lo veíamos anteriormente, ¿no? Son personas con dificultades de acceso al mercado laboral, como, pues, personas expresidiarias, personas de perfecta tasa de rentas mínimas, bueno,

pues, digamos,

personas también con baja cualificación

o

parados de larga duración. Es decir, aquí se incorporan determinados colectivos

a

los que se le va a favorecer,

que

se le va, digamos, a definir un plan de inserción sociolaboral durante dos, tres años, creo, a través del cual, pues, se le va a generar, pues, más formación, se le va a generar nuevas oportunidades de inserción en el mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, si se puede favorecer ese trabajo de las empresas de inserción

a

través de los contratos públicos, pues, estará favoreciendo el trabajo de esas entidades y, pues, al final, pues, atendiendo a los objetivos sociales que tienen, ¿no? Y favoreciendo, como digo, pues, la incorporación al mercado laboral de estos colectivos con problemáticas particulares de acceso al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya digo, la ley de contratos marca que esto es una obligación y, por tanto, se puede hacer.

¿Cómo

se puede hacer? Pues, definiendo, por una parte, reservando el contrato y definiendo que es un contrato reservado e incorporando como criterio de aptitud

que

la entidad, pues, acredite que es un centro especial de empleo de iniciativa social o una empresa de inserción y que, por tanto, tiene que estar registrada en el registro correspondiente de su comunidad autónoma

como

tal, ¿no? En el registro también hay un registro estatal de tipo de entidad.

Bueno,

contratos reservados no a través de la disposición adicional cuarta, sino a través de la cuadragésima octava, que este es una reserva nueva, no es una reserva, bueno, es una reserva nueva, me refiero a que se incluyó en la directiva de 2014 y se transpuso literalmente en la ley de contratos del año 2017, ¿no? Bueno, ¿a quién se refiere esta disposición adicional cuarta décima octava? Pues, básicamente,

a

la reserva, a determinadas entidades que cumplan con determinados principios que marca la propia disposición, que son cuatro. El primero, que, bueno, que atienda al objeto del propio contrato, es decir, que la empresa esté creada para desarrollar la actividad que se va a contratar y que, por tanto, tenga ese objetivo. Segundo, que la empresa, bueno, pues carezca de ánimo de lucro o bien que, digamos, que los beneficios se repartan con criterios de participación.

Eso es lo más lógico, por ejemplo, en una cooperativa de trabajadores o en cualquier entidad de economía social, sociedades laborales, etcétera, porque realmente, bueno, pues, o fundaciones también o otro tipo de entidades que se enmarcan dentro de la economía social y solidaria, pues igual, ¿no? Pues pueden carecer de lucro o bien, si hay beneficios, pues, se reparten con criterios de participación de las personas que están vinculadas en la cooperativa, ¿no? Entonces, digamos que ese criterio lo cumpliría, ese segundo criterio lo cumpliría a las entidades de la economía social.

Un tercer criterio que tiene que ver con criterios de participación en la gestión o dirección de la propia empresa. Igualmente, las cooperativas, sociedades laborales, por ley,

por

ley,

tienen,

digamos, que las personas asociadas tienen que participar en esos órganos, ¿no? De forma directa, como puede ser la asamblea, el consejo rector o cualquier otro órgano que forme parte de la entidad,

¿no?

Entonces, por tanto,

las

entidades de la economía social cumplirían nuevamente ese tercer criterio que marca esta disposición adicional. Y, por último, el criterio que establece esta disposición adicional es que la empresa no haya sido adjudicataria los tres años anteriores del mismo contrato que haya sido reservado a través de esta disposición adicional para la gestión octava. Este, digamos, esos son los cuatro principios que debería de cumplir la empresa que concurra a este contrato reservado.

Y,

por tanto, bueno, como he dicho, los dos criterios que atienden a lo que es la gestión en sí misma de la empresa, las entidades de economía social los cumplen. Es decir, solamente deberían de acreditar que están registradas en una cooperativa solamente deberían de acreditar que cumple con esos principios con, bueno, pues que está registrada en el registro de cooperativas de su comunidad autónoma o el que corresponda, ¿no? Solamente, no tendría que hacer nada más. Pero, digamos, como la ley no lo ha hecho así, es decir, la disposición adicional cuarta sí que define a qué entidades jurídicas va a dirigir esa reserva, a quién no lo hace.

Por tanto, tiene que ser el órgano de contratación quien indique cómo acreditar que se cumple con esos principios, ¿no? Recientemente presenté una comunicación que espero que se publique también en la revista Cibiet dentro de poco

sobre

esto mismo, sobre, bueno, analizando un poco, pues, esos dos principios, cómo se deberían de acreditar por parte de las entidades de la economía social para facilitar, agilizar, digamos, que cumplen con esos principios.

Y

era, pues, presentando el registro correspondiente porque es que la legislación actual que les afecta a tanto autónomas, de las comunidades autónomas, como de las leyes estatales, sobre todo referidas a las sociedades laborales, pues, les exigen que tengan esos criterios y que cumplan con esos criterios, ¿no? Entonces, bueno, pues, digamos que espero que se materialice a futuro esa recomendación en algún pliego y se favorezca o se facilite la participación de empresas de economía social cuando se haga un contrato reservado a la luz de la disposición adicional al cuadraquésimo octava. ¿Qué limitación tiene esta reserva?

Y lo dejo aquí ya, si queréis, profundizamos ahora los diez minutos que tenemos a continuación,

¿no?

Cuando exploremos las prácticas que he traído. Pues, que es una reserva limitada, es decir, no es general. Mientras la de la que hablamos anteriormente, la disposición adicional cuarta, puede hacerse esa reserva para cualquier tipo de contrato, para la reserva que se haga a través de este tipo de disposición adicional, solamente está limitada a los CPV, ¿no? Que son los códigos de contratación, bueno, es el vocabulario, los códigos que se utilizan en el ámbito de la Unión Europea para definir o enumerar los contratos que se realizan. Y, bueno, es decir, ¿qué tipo de contrato es? Pues, digamos que aquí también se definen, en esta disposición adicional, se definen qué CPVs se pueden reservar.

Es decir, ¿qué tipo de contrato se puede reservar? Y no son todos. Así que son algunos de carácter social, cultural y de salud, que también os puedo pasar un listado de los que son.

Y

que, bueno, pues, bueno, eso limita un poco, digamos, la potestad que tiene el órgano de contratación

o

el poder adjudicador para reservar ese tipo de contrato de entidades de la economía social. Pero, bueno, todo lo malo sea eso. Es decir, que hay contratos que, por ejemplo, realizan ayuntamientos que son

muy

suculentos, y me vais a permitir la expresión, como son los de ayuda a domicilio, por ejemplo.

Como

son los de ayuda a domicilio, como son, por ejemplo, los de suministro de comidas, por ejemplo, también a domicilio. Esos contratos están incluidos dentro de esta posibilidad de reserva. Por tanto, los ayuntamientos podrían reservar contratos de ese tipo a este tipo de entidades de la economía social. Así que, bueno, yo animo a que se haga, e igualmente, bueno, pues, se tiene que hacer a través de la vía de contratos reservados, que, como digo, bueno, no he definido lo más que yo creo que sea sobreentendido, ¿no? Y es que solamente pueden concurrir

a

este tipo de contratos reservados en el caso de la disposición adicional cuarta, empresas de inserción o centro de especiales de empleo de iniciativa social, exclusivamente, y como condición de aptitud deben estar registradas en el registro correspondiente, y entidades que cumplan con los principios que he enumerado anteriormente, en el caso de la disposición adicional cuarta décima octava. Es decir, otro tipo de empresas no podrían presentarse que no cumplieran esos principios o en el caso de la disposición adicional cuarta que no fueran centro de especiales de empleo o empresas de inserción.

Bueno,

traigo algunas buenas prácticas que yo creo que en cinco minutos las explico y dejamos otros cinco minutos o diez minutos, pero ya me voy a comer vuestro tiempo, sobre alguna duda que tengáis en relación a lo que he dicho hasta el momento. Algunas prácticas. Bueno, mejoras de condiciones laborales, energías renovables, comercio, justo más empleo y inserción sociolaboral a colectivos sobrecidos.

Esas

son las que traigo de algunos ayuntamientos, algunas entidades públicas, para que veáis cómo lo han hecho, cómo lo han materializado

toda

esta cuestión de la contratación pública responsable en sus ciegos.

Bueno,

pues el Ayuntamiento de Acoruña para la realización de la remodelación de las instalaciones del mercado de Monte Alto incluyó un criterio de adjudicación que valoraba con 20 puntos de 100

y

valoraba positivamente el empleo de personas en situación de resolución social con contrato superior a un año, tipo de contrato que se ofrecería a las personas a emplear. Por ejemplo, aquí no define

cómo

valora eso, es decir, si va a valorar que se le ofrezca un contrato de obra o servicio, un contrato indefinido. Por tanto, aquí podríamos hablar de una mala praxis porque no se ha definido bien qué tipo de contrato se va a valorar. Personas con discapacidad superior al 50%, debidamente desacreditadas por órgano competente de la Junta de Galicia

o

aquí también incluiría o correspondiente

porque

la persona discapacitada no tiene por qué ser gallega, porque entonces se estaría incurriendo en el... o se estaría incumpliendo el principio de no discriminación

porque

lo mismo una persona a discapacidad asturiana

que

tiene su certificado de discapacidad superior al 50% del gobierno de Asturias, pues también podría participar en ese contrato. Entonces aquí pues habría que haber incluido o el órgano competente de la Junta de Galicia o el que corresponda. ¿Vale? Entonces ahí hay que ser también muy abiertos porque

la

contratación pública también se basa en los principios de los tratados constitutivos de la Unión Europea y entre esos salen el de no discriminación, el de libertad de libre concurrencia, el de libertad de... de... digamos de desplazamiento de personas, de capitales y demás en el ámbito de la Unión Europea y por tanto pues estaríamos discriminando a... con esta definición del criterio pues a otro tipo de personas discapacitadas o a personas discapacitadas de otras comunidades autónomas o incluso yo hasta me atrevería a decir que de Portugal. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ir una persona discapacitada portuguesa a hacer un contrato no sé en vivo o a ejecutar un contrato en vivo, ¿no?

Entonces, pues bueno, aquí esto también habría que considerarse, ¿no? Personas desempleadas con edad superior a 45 años, bueno, aquí pues eso se puede acreditar perfectamente y es uno de los colectivos que favorece la ley de empleo como hemos visto anteriormente. Mujeres incluidas en programas de acogimiento por violencia contra las mujeres y personas incluidas en el programa de integración laboral para colectivos inmigrantes o inmigrantes de retorno.

Bueno,

aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Que traía tanto, bueno, como positivo,

¿no?

Porque se valoren este tipo de criterios pero también como negativo porque yo creo que es importante que los criterios sociales y ambientales al final se definan bien porque un error se magnifica muchísimo más que una buena práctica porque el error va a permanecer durante años y sobre todo los órganos de contratación les va a generar desconfianza a la hora de poder seguir ahondando y seguir profundizando en esos criterios mientras que los digamos que lo positivo de la inclusión de este tipo de criterios pues no permanece tantos años y no se magnifican tanto desafortunadamente.

Así que los errores es mejor no tenerlos aunque bueno también cualquiera se puede equivocar pero bueno si ya tenemos esa información pues lo evitamos ¿no?

El

servicio de conservación y limpieza de zonas verdes de Zaragoza el Ayuntamiento de Zaragoza pues digamos valoraba positivamente convenios de colaboración con diversas entidades de inserción social o dentro de especiales de empleo de hasta tres puntos como criterio de adjudicación de 100 ¿no?

Esta

es la reserva indirecta es decir también es otra posibilidad dentro de los contratos públicos esa reserva de la que hablaba yo de la disposición adicional cuarta y de la disposición adicional cuadragésima octava también se puede traducir en una reserva indirecta obligando a la empresa que como condición especial de ejecución reserve parte del contrato a este tipo de entidades que por tanto tenga que acreditar que va a trabajar con esas entidades para ejecutar una parte del contrato por ejemplo un suministro o un servicio que sea necesario para la ejecución del contrato o bien pues en este caso pues lo valora ¿no?

pues si hay un preacuerdo con este tipo de entidades para ejecutar parcialmente el contrato pues también se podrá valorar por parte de este bueno en este caso el delante de Zaragoza ¿no?

que

es esa reserva indirecta que yo creo que también se puede explorar perfectamente y en caso de que a

lo

mejor no existan empresas que puedan digamos atender pues al objeto del contrato general pero si haya empresas de este tipo que puedan atender parcialmente a las necesidades de estos contratos pues que se pueda pues eso pues incluir como criterio de valoración incluso como condición oficial de ejecución que es obligatorio y en en cuanto a la condición de ejecución relativa al personal está este mismo contrato incluía que se debía de cumplir el convenio estatal de jardinería actualmente vigente o cualquier de otro de caso de aplicación

en

este caso lo que lo que quiere quiere asegurarse el ayuntamiento de Zaragoza es que se tenga un referente de convenio colectivo para que se cumpla y que por tanto con eso también le sirve al logro de contratación para hacer ese valor estimado de cuánto puede costar el contrato pero de alguna manera también es una referencia para los licitadores para saber un poco a dónde adscribirse porque es posible que a lo mejor en este contrato no, pero en otros sí que nos tenga una referencia de a qué convenio van a ir adscritos esos trabajadores y al final pues que se puedan producir abusos de los propios contratistas en relación a las condiciones laborales que tienen esas personas entonces digamos como hemos visto también la ley hace mención a que se puede hacer referencia a estos convenios colectivos

bueno

el Ayuntamiento de Málaga hizo una bueno y viene haciéndolo desde hace muchísimo tiempo desde el año 2008 como mínimo pero no solo sino que ha venido pues adjudicando sus máquinas vending a empresas que vending de expendedoras de bebidas calientes que tengan café de comercio justo justamente el Ayuntamiento de Valencia que tenéis que bueno que es muy cercano también lo ha hecho creo que lo hizo en el año 2019 o en 2018 si no me equivoco hizo lo mismo es decir exigió a las empresas que el café que estuvieran en que se que se ofertara en las máquinas vending o en máquinas expendedoras pues fuera de comercio justo y que se acreditara como tal incluso que se informara al usuario

de

que era café de comercio justo

en

la Universidad de Valencia también se ha hecho se hizo hace también se hizo

o

sea que esto ya es una práctica que está generalizada

y

que y que bueno también hay el movimiento de comercio justo ha hecho mucha presión y mucha incidencia para que sea

así que

esto es otra parte importantísima de la contratación pública que pues esa incidencia y esa petición pues es lo que ha hecho que se que

se

materialice

bueno hace

mucha pedagogía muchísima pedagogía hay que explicar

muchísimo que

aparte bueno es que ya como digo es que ya es una necesidad que se haga así no es que otro ejemplo

efectivamente

es que ya no hay otra opción es que

hay que cualquier

entidad pública que se precie marcando este contrato en sus estrategias de lucha contra el cambio climático

pues

es que debería de estar contratando energía 100% renovable y aquí tenéis un ejemplo de un pequeño ayuntamiento del País Vasco

de

ACO

para

que veáis también que esto no se tiene por qué hacer siempre por grandes no sé el Ayuntamiento de Madrid también hizo el eso el contrato de suministro eléctrico con energía 100% renovable y bueno tuvo ahí problemas con algunas compañías eléctricas porque bueno es el Ayuntamiento de Madrid pero no solamente lo puede hacer el Ayuntamiento de Madrid sino que lo pueden hacer cualquier entidad del sector público y bueno pues exigir a la empresa que el 100% de la energía pues sea de fuentes renovables y que luego pues lo acredite en este caso exigiendo una certificación de procedencia de la energía suministrada emitida por la CNMV por la CNMV perdón

CNMV

sí

bueno esto ya si os parece lo dejamos aquí bueno yo lo que así como última pincelada aunque ya nos hemos quedado sin tiempo yo creo que lo hablábamos antes del ciclo también del proceso de contratación que es evaluación planificación y bueno pues todas las fases del proceso de contratación hay que yo recomiendo siempre que hay que fijar prioridades es decir

que

no hay que entrar como elefante en cacharrería que los criterios sociales y medioambientales hay que integrarlos bien y progresivamente

es

decir que no por hacerlo todo y por tener un pliego magnífico no se es mejor sino que es posible bueno que también está ahí pues el miedo a que te quede un contrato desierto pero bueno independientemente de eso que es mejor que el criterio sea claro que los criterios atiendan a las prioridades de una entidad pública y que si es la lucha contra el cambio climático porque pues que se apueste por sus criterios a lo mejor pues progresivamente se vayan incorporando otros pero yo creo que es fundamental fijar prioridades planificar las acciones que se van a llevar a llevar a cabo y finalmente actuar

es

decir

si

yo tengo peligros magníficos luego no no le doy seguimiento y luego o tengo planes de contratación responsable estupendos como el plan estatal de compra ecológica pero luego no se materializan los contratos que está haciendo la administración general del estado no sirve absolutamente de nada más allá de sensibilizar digamos a quien pueda llegar ese plan o a quien no sé a los órganos que lo hayan redactado que estén muy satisfechos de lo que han conseguido si no se actúa si no se materializa no sirve a este esfuerzo así que es necesario incorporarlos es una necesidad que comencemos a apostar por un desarrollo sostenible también a través de la contratación pública y lo hagamos bueno pues generando un modelo de desarrollo inclusivo sostenible y socialmente responsable por decirlo de alguna manera así que nada aquí os voy a dejar

una

página web de referencia no he dejado mi correo electrónico

pero

seguramente María José os lo pueda facilitar

creo

que es realmente interesante y además la figura de los contratos reservados creo que hay que desarrollarla muchísimo más y hay desconocimiento por parte de las administraciones públicas a la hora de implementarlo y creo que ahí hay un buen filón para promover esa colaboración público-privada y público-cooperativa o público con las entidades de la economía social hay que aprovecharlo al máximo

de

hecho nosotros desde Udiscope vamos a trabajar estamos trabajando ahora precisamente en ese ámbito en intentar facilitar a las administraciones locales fundamentalmente ayuntamientos

que

sepan si existen entidades de la economía social que pueden sobre las cuales con las cuales puedan contratar

y

puedan reservar hacer esa reserva correspondiente de contrato

porque

claro los ayuntamientos no lo incluyen por desconocimiento y porque no saben si al final se quedará de cierto que era lo que tú apuntabas

que

es que te arriesgas a poner todas las cláusulas y todas las sociales habidas y por haber y de repente dices bueno es que no hay nadie

no

hay nadie incluso pequeñas entidades que no se atreven por la cantidad de papeleo que eso puede suponer

total

es decir ahí también hay

un problema

¿no? de sobre bueno también la ley de contratos ahora ha venido un poco a facilitar todo eso es decir por ejemplo con todo el tema de acreditar documentalmente pues la declaración responsable ahora mismo es como el recurso que se utiliza para evitar que una empresa antes de ser adjudicataria tenga que presentar toda la documentación

porque

también es una pérdida de tiempo porque al final parece que te van a adjudicar el contrato y antes de adjudicártelo tienes que presentar una cantidad de documentación que bueno que si luego es falsa o luego no puede acreditarse pues realmente no se te da por válida un criterio de solvencia pues se pasa a la siguiente empresa que se ha valorado ¿no?

o sea que tampoco es muy dramático para las organizaciones públicas pero bueno si es verdad que yo creo que ahí hay una o ha habido una sobre sobre se ha sobredimensionado el tema de la de la de la documentación entregar porque luego realmente incluso en la fase de adjudicación porque luego en la fase de ejecución es diametralmente al contrario es decir muchas administraciones y muchas entidades del sector público te alegan que

bueno que pueden hacer un

magnífico pliego pero es que luego con el seguimiento pues es que no lo tienen controlado que no no tienen no incorporan elementos que les permitan acreditar que durante toda la ejecución del contrato se cumplen con los criterios que se han exigido

es

fundamental claro y

eso es

fundamental

pero

eso se ha dado el caso de bueno lo puedo decir también del ayuntamiento de sevilla que bueno contrató un servicio de jardinería y exigió que un mínimo no sé si era cinco personas de las que iban a ser contratadas para ese servicio de jardinería fueran mujeres

total que

a la empresa de jardinería pues se ve que no no sé si había ahí una misoginia o algo

que

no quería contratar mujeres total que contrató a las mujeres en periodo de prueba esas cinco mujeres para que le adjudicaran el contrato dos meses

en

periodo de prueba las despidió y contrató hombres

es

decir claro el ayuntamiento de sevilla cuando vio bueno que no se dio cuenta el ayuntamiento de sevilla se dio cuenta un sindicato

que

lo denunció pues menos mal sí por lo menos

sí

pero al final al final si eso pasa no lo denuncia el sindicato y o sea el objeto claro

que

tú quieres conseguir de favorecer el empleo de mujeres

no

se cumple porque no estás controlando no estás dando

hay que supervisar efectivamente hay que fijarlos

a las cláusulas ya no solamente sociales sino también de otro tipo entonces ahí sí que bueno de hecho hay ya muchas entidades públicas que bueno por el volumen de contratación que tienen

que

se están digamos se están planteando el crear esta figura de

de

bueno departamento de seguimiento de los contratos que les permita de alguna manera tener órganos dentro de la de la propia institución que les permitan dar que les permitan dar seguimiento a los contratos es

que debería existir ya es que debería

existir desde el momento

cero claro

es

una figura que se está desarrollando sobre todo también a partir de la

ley de contratos sí por eso por eso

pero claro que es que como decía también anteriormente se ha dedicado tanto tiempo a la pulcritud del proceso que todo se ha volcado en que el proceso de adjudicación sea muy pulcro sea no sea impugnable no o sea todo eso

pero ya a posteriori claro y luego

que luego que es lo importante porque al final lo que le quiere al ciudadano o al servicio que

se

esté prestando es el servicio en sí mismo la ejecución pues ahí ya que tengo adjudicado el contrato ya es problema de la empresa casi que no es del propio sector público ¿no? o sea que yo creo que ahí también hay que equilibrarlo un poco

de

nuevo David realmente muchísimas gracias por tu claridad expositiva y por sobre todo en este apartado de la disposición adicional cuarta y la cuadragesimo octava

que

tanto nos permiten que lo que tenemos que hacer es formarnos y conocerlo un poquito más

mejor conocerlo

mejor para que las administraciones públicas sean conscientes y por tanto pues a eso se produzca esa

verdadera

colaboración público-privada

entre

ambos sectores con lo cual nada te lo agradezco muchísimo y

por

supuesto seguiré contando contigo si nos lo permites

desde

Udescope seguiremos contando contigo para que sigas colaborando con

nosotros